El Decreto canario de Vivienda Vacacional

Javier Reyes Rodríguez

Parece que el señor Clavijo no ha gobernado en el pasado, cualquiera diría que sufre de  esquizofrenia política. En lo que va de legislatura ya ha anunciado dos correcciones  importantes a las políticas que practicó en su primer mandato. La primera es la denuncia  pública de la inoperancia de su ley del suelo, inoperancia y críticas que se le anunciaron en el  momento de tramitarla y la segunda, de profundo calado, es su nuevo decreto sobre vivienda  vacacional que modifica, y mucho, el de su primer gobierno. Si rectificar es de sabios es  indudable que nuestro hombre persigue la sabiduría, pero no la alcanza, si juzgamos por este  último decreto. 

A primera vista, para que no digan que solo vemos lo malo, el decreto contempla algunas  medidas positivas e importantes, reclamadas por los ayuntamientos cuando el anterior  decreto. La primera es la devolución a los municipios de las competencias para planificar lo  que tenga que ver con la vivienda vacacional. Los ayuntamientos deberán pronunciarse ante  cada solicitud, ya no basta con la simple e inútil a efectos de control, inscripción en el registro  de los cabildos. Los que quieran pasar su vivienda de residencial a vacacional tendrán que  solicitar el cambio a uso turístico. Los que no lo hagan quedaran en la ilegalidad. Pero ojo, a  partir de la promulgación del decreto. Los que hayan convertido una vivienda en vacacional  antes de la publicación del decreto de marras, no se verán afectados por ese requisito.  También es importante permitir que los ayuntamientos pongan una cuota máxima de un 10  por ciento de viviendas vacacionales según su planeamiento. Es una buena medida que  permitirá evitar la concentración de vivienda vacacional en determinados barrios y abrirá la  posibilidad de que las haya en barrios no directamente turísticos como los riscos de Las Palmas  de Gran Canaria o Valleseco y el Barrio de la Alegría en Santa Cruz, evitando que los vecinos se  vean expulsados de su lugar de residencia. Pero ojo: sólo para las nuevas solicitudes. Las que  ya existen permanecen intocables aunque superen el porcentaje asignado por el  ayuntamiento. Y lo mismo puede decirse del requisito exigido de que las viviendas  vacacionales siempre estén, en un edificio, por debajo de las destinadas a residencia; y de la  exigencia de autorización expresa por parte de la comunidad de propietarios. Todas son  medidas deseadas en su momento pero llegan tarde, muy tarde. Ninguna de ellas se podrá  aplicar a las viviendas vacacionales existentes en la actualidad. Que los propietarios de las  53.938 viviendas vacacionales se queden tranquilos. Son intocables, podrán seguir haciendo su  negocio con todas las garantías. Es más, el decreto no contempla ninguna medida correctora  para ellas ni tampoco ningún incentivo para que vuelvan a ser residenciales. Es más, si alguna  de ellas no se ajusta a los parámetros técnicos que prescribe el nuevo decreto tendrán un  plazo de cinco años, prorrogable de cinco en cinco y tiro porque me toca, para ajustarse. O  sea, hasta el infinito y más allá.  

Lo mismo vale para la prohibición a las viviendas protegidas o de promoción pública de ser  vivienda vacacional antes de los diez años de su construcción. En Canarias hace más de 10 años que no se construyen viviendas de esas características. Los gobiernos de Rivero (8 años) y  Clavijo (4) no construyeron ninguna, y al gobierno de progreso no le dio tiempo por las  dificultades para encontrar suelo. Es pues un disparo de pólvora sin balas. Saben  perfectamente que esa prohibición se queda en nada. Igual que devolver las competencias a  los ayuntamientos por medio del planeamiento. Saben que excepto Las Palmas de Gran  Canaria no hay ningún otro municipio en las islas con un Plan General de Ordenación Urbana  actualizado. El de Santa Cruz aún corretea por los tribunales. Y si no hay Plan las medidas de  planeamiento que afecten a la vivienda vacacional se quedaran siempre en el aire y pendientes  de la interpretación de los tribunales.  

Es pues, una ley Pilatos, con la que el gobierno de Coalición y Partido Popular que gobierna en  las islas se lava las manos ante un problema potenciado por ellos cuando el primer gobierno  Clavijo. Querían que hubiese vivienda vacacional por los intereses de los grandes tenedores de  vivienda. Pero el asunto se les fue de las manos y el número de plazas turísticas en vivienda  vacacional, más de doscientas mil, ya empieza a arañar a los empresarios hoteleros, hasta  ahora despreocupados del asunto pues todos comen del mismo plato. Por eso actúan ahora,  no porque el precio del alquiler residencial se haya disparado, ni porque no se construyan  viviendas para la gente ni los más desfavorecidos. Actúan porque el problema se les ha ido de  las manos. Pero no pretenden acabar con la vivienda vacacional. No nos engañemos.  Pretenden que no siga creciendo, que es muy distinto, y que los que se están lucrando ahora,  con ese negocio, sigan lucrándose. Lo que quieren es que nadie más se siente en la mesa de la  vivienda vacacional. Conservar el negocio para los de siempre.  

Por eso decimos que es una ley Pilatos, el gobierno le pasa el problema del control y la  autorización a los ayuntamientos, sabedor de la escasez de medio que tienen estos, sabedor  de las dificultades para desarrollar el planeamiento de forma adecuada. Ahora, cuando la  gente proteste por el fenómeno de la vivienda vacacional, el gobierno señalará a los  ayuntamientos y se quedará tranquilo, con la conciencia de haber protegido los intereses de  quien corresponde, los propietarios.  

* Gracias a Javier Reyes Rodríguez